El 4 de septiembre de 2023 nos reunimos en asamblea para darle vida jurídica a la Fundación EnREDados Colombia. No escogimos cualquier fecha. Ese mismo día, diez años atrás, había nacido Nacho Estéreo, una experiencia de comunicación juvenil que surgió en medio del Paro Nacional Agrario de 2013, cuando un grupo de jóvenes decidió que frente a un país que se movilizaba, discutía y se indignaba, también había que aprender a tomar la palabra. Aquella emisora tuvo, entre otras apuestas, un espacio que llamábamos Déjà Vu, nombrado así por la sensación de estar viviendo otra vez algo que ya habíamos vivido, y pensado precisamente para agudizar la conciencia crítica frente a los patrones que Colombia insiste en repetir. Diez años después, aquella experiencia daba lugar a la constitución jurídica de EnREDados. No era un comienzo, sino la formalización de un camino que ya llevaba varios años construyéndose.
Por eso hoy, cuando EnREDados cumple tres años de existencia jurídica, no celebramos solamente una fecha en un registro. Celebramos trece años de una convicción que ha cambiado de formatos, de lenguajes, de territorios y de personas, pero no de sentido: la comunicación puede ser una herramienta para encontrarnos, para organizarnos, para cuestionar lo que parece inevitable y para defender la dignidad de la vida. Nacho Estéreo fue el punto de partida de esta historia. Desde 2017, quienes veníamos de esa experiencia comenzamos a construir EnREDados como una red de comunicación juvenil y comunitaria, buscando encontrarnos con otras voces, otros medios y otros territorios. En 2023, esa historia adquirió una forma jurídica, pero su raíz venía creciendo desde mucho antes.
Quizás por eso esta conmemoración ocurre en un momento particularmente incómodo para quienes creemos que comunicar también es una forma de defender la democracia. Porque sería fácil celebrar mirando solamente hacia atrás, contar nuestros años, enumerar nuestros proyectos y detenernos en lo que hemos construido. Pero la comunicación popular no se construye en el vacío. Se construye en medio de disputas por la palabra, por la memoria, por la posibilidad de ser escuchados y por el derecho de las comunidades a participar en la construcción del relato sobre el país que habitan.
Y este 4 de septiembre esas disputas están más abiertas que nunca.
En agosto, las veinte Emisoras de Paz suspendieron su programación regional e informativa y dejaron de cumplir temporalmente buena parte de la función territorial para la que fueron creadas. No estamos hablando de emisoras públicas ordinarias. Fueron creadas en cumplimiento del punto 6.5 del Acuerdo Final de Paz para contribuir a la convivencia, la reconciliación, el reconocimiento de los derechos de las víctimas y la pedagogía sobre la implementación del Acuerdo en los territorios más afectados por el conflicto. La Defensoría del Pueblo pidió reevaluar la decisión y recordó que su programación regional, informativa, cultural y pedagógica permite visibilizar las voces de comunidades históricamente afectadas por la guerra y fortalecer procesos territoriales de reconciliación y reconstrucción del tejido social (El Espectador, 2026).
No hablamos, entonces, simplemente de un cambio de programación. Hablamos de qué voces pueden contar un territorio y de qué ocurre cuando los espacios creados para que comunidades históricamente silenciadas puedan narrarse a sí mismas dejan de cumplir esa función. No deja de resultar paradójico que en Colombia sigamos hablando de paz mientras se debilitan precisamente algunos de los espacios de comunicación que nacieron para ayudar a construirla.
Tenemos claro que la paz no se construye solamente cuando dejan de disparar las armas. También se construye cuando una comunidad puede hablar, cuando puede contar su historia, cuando puede discutir sus problemas, cuando puede encontrarse con quien piensa distinto y cuando tiene condiciones para participar en las decisiones que afectan su territorio.
Pero no es todo. A esta situación se suma otra preocupación que para una organización de comunicación popular resulta imposible ignorar. La Fundación para la Libertad de Prensa denunció el pasado 2 de septiembre que desde la Presidencia se impartieron directrices para restringir el relacionamiento de funcionarios con medios considerados «amigos», limitar las intervenciones de ministros a declaraciones sin preguntas y centralizar buena parte de la información gubernamental. La FLIP advirtió que estas medidas restringen el trabajo periodístico, dificultan el acceso a fuentes oficiales y pueden generar privilegios para quienes no incomodan al poder y restricciones para quienes ejercen una cobertura crítica (Proclama del Pacífico, 2026). Este 3 de septiembre, además, el Gobierno expidió una nueva Directiva Presidencial sobre la coordinación de las comunicaciones institucionales, que establece reglas para la participación de ministros, directores y otros funcionarios en entrevistas y declaraciones públicas (Cambio, 2026). Más allá de las facultades que tiene cualquier Gobierno para organizar sus comunicaciones, hay una pregunta democrática que no podemos dejar de hacer: ¿qué ocurre cuando la administración pública comienza a decidir quién puede preguntar, quién puede acceder a sus funcionarios y bajo qué condiciones puede hacerlo?
La comunicación pública no puede convertirse en un sistema de puertas abiertas para unos y cerradas para otros. El Estado tiene la obligación de informar a la ciudadanía y la prensa tiene el derecho de interrogar al poder. La prensa no está para ser amiga del Gobierno. Está, entre otras cosas, para hacer las preguntas que el poder preferiría no responder.
Aunque también debemos ser claros en que esto no es solamente un problema de este Gobierno. Sería demasiado cómodo decirlo así. La desigualdad comunicativa en Colombia es mucho más antigua que cualquier administración. Durante décadas, los medios alternativos, comunitarios, populares y locales han tenido que disputar recursos, espectro, reconocimiento, infraestructura, formación y audiencia frente a estructuras mediáticas con capacidades económicas y políticas incomparablemente mayores. Mientras unos cuentan con grandes presupuestos, equipos profesionales, infraestructura y acceso permanente a las fuentes de poder, otros han construido comunicación desde el territorio, muchas veces con recursos limitados, trabajo voluntario y una enorme capacidad de organización. No es una disputa entre medios grandes y medios pequeños. Es una disputa sobre quién tiene la posibilidad real de hacer circular su palabra.
La UNESCO ha señalado precisamente que los medios comunitarios son una pieza fundamental del ecosistema democrático porque fortalecen el pluralismo, contrarrestan la concentración mediática y amplían la diversidad de voces, perspectivas y contenidos en el espacio público (UNESCO, 2014). Por eso la democratización de la comunicación no puede reducirse a que más personas tengan un teléfono, una cuenta en una red social o la posibilidad técnica de publicar un video. Tener la posibilidad de hablar no significa necesariamente tener las mismas posibilidades de ser escuchado.
En un mundo de tecnología y rapidez de contenidos, hoy el problema no es solamente quién puede publicar. También es quién tiene la capacidad de hacer que aquello que publica circule, sea visto, sea escuchado y llegue a convertirse en conversación pública. Los algoritmos pueden democratizar la palabra, pero también pueden enterrarla. Las plataformas pueden ampliar las posibilidades de expresión, pero también pueden encerrarnos en burbujas donde solamente escuchamos a quienes piensan como nosotros. La inteligencia artificial puede multiplicar las posibilidades de crear contenidos, pero también puede hacer más difícil distinguir entre información, manipulación y propaganda. La tecnología entonces no eliminó las disputas por el poder. En muchos casos, simplemente las hizo más sofisticadas.
EnREDados nació precisamente de inquietudes como esas. Antes de hablar de algoritmos, inteligencia artificial o plataformas digitales, ya habíamos aprendido que comunicar no era simplemente transmitir información. En 2020, cuando profundizamos colectivamente nuestro tránsito hacia una red de medios, hablábamos de construir pensamiento crítico, cultura de paz y aprendizaje colectivo; de abrir espacios para que las personas pudieran contar historias que otros medios no contaban. Esa definición sigue vigente porque nunca entendimos la comunicación popular como una versión pequeña o artesanal de la comunicación corporativa. La entendemos como otra manera de relacionarnos con la palabra, con el territorio y con quienes históricamente han tenido menos posibilidades de contar su propia historia.
Por eso también hemos aprendido que comunicar políticamente no significa hacer propaganda. Y resulta fundamental decir que EnREDados no nació para convertirse en vocería de un partido ni para reemplazar el pensamiento crítico por consignas. Nuestra responsabilidad es otra: tomar posición frente a aquello que consideramos fundamental y, al mismo tiempo, conservar la capacidad de cuestionar a quienes comparten nuestras propias posiciones. Ya hemos dicho antes que no hay comunicación neutral, porque la comunicación siempre elige. Elige qué voces amplifica y cuáles silencia. Elige qué conflictos visibiliza y cuáles deja en la oscuridad. Incluso cuando pretende ser neutral, comunica desde un lugar determinado.
Y resulta fundamental entonces decir que reconocer lo anterior no significa abandonar la ética. Al contrario. Significa asumirla con mayor responsabilidad. Si vamos a tomar partido, que sea por la vida digna, por los derechos humanos, por la democracia, por la paz y por la posibilidad de que quienes han sido históricamente excluidos puedan participar también en la construcción del relato sobre el país que habitamos.
Ahora, si vamos a defender la democracia, tenemos que defender también la posibilidad de discutir. Una de las convicciones que hemos construido en estos años es que el otro sigue siendo un interlocutor válido aunque piense distinto. No tenemos que renunciar a nuestras convicciones para escucharlo, pero tampoco podemos pretender construir una sociedad democrática si solamente hablamos con quienes ya están de acuerdo con nosotros. Comunicar para la paz exige precisamente eso: reconocer que la diferencia no tiene que convertirse en enemistad. Exige aprender a discutir sin destruirnos y a defender nuestras posiciones sin negar la humanidad de quien está al otro lado.
Colombia sabe demasiado bien lo que ocurre cuando dejamos de reconocer a la otra persona como interlocutora. Lo hemos visto en la persecución política, en la estigmatización, en los asesinatos de líderes y lideresas, en los desplazamientos, en las desapariciones y en los discursos que preparan el terreno para la violencia. Lo hemos visto también en algo aparentemente más pequeño, pero profundamente peligroso: cuando dejamos de hablarle al otro y empezamos solamente a hablar sobre el otro.
Por eso también nos preocupa el rumbo que está tomando la política de paz. El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha puesto fin a tres procesos de diálogo heredados de la Paz Total, argumentando que las estructuras involucradas no demostraban una voluntad real y verificable de paz (Euronews, 2026). Podemos discutir los resultados de esos procesos, sus errores, sus incumplimientos y las responsabilidades de los grupos armados y del mismo gobierno de Gustavo Petro. Debemos hacerlo. Pero una cosa es reconocer que una negociación puede fracasar y otra muy distinta concluir que el fracaso del diálogo demuestra que la única alternativa que queda es la fuerza.
Nosotros no creemos en una paz construida a la fuerza. Una paz de vencedores y vencidos puede imponer un silencio temporal, pero difícilmente resuelve las causas que producen la violencia. Es lo que llaman una paz romana: una paz impuesta por quien tiene la fuerza suficiente para hacer callar al otro.
Colombia ya ha recorrido demasiadas veces ese camino y podemos afirmar, por experiencia, que la paz negociada no es sencilla. No es rápida. No es perfecta. Exige escuchar incluso a quienes han hecho daño, exige garantías, verdad, justicia y condiciones para que quienes abandonen las armas puedan regresar a la vida civil. Pero si algo nos ha enseñado nuestra historia es que la guerra puede ganar batallas sin conseguir construir una sociedad en paz.
Quizás por eso necesitamos volver a aquel Déjà Vu. No para afirmar que todo se repite exactamente igual: la historia nunca vuelve de la misma manera. Pero sí para aprender a reconocer aquello que ya hemos visto: el momento en que dejamos de escuchar a la otra persona, el momento en que la diferencia se convierte en amenaza, el momento en que el poder empieza a decidir qué voces merecen circular y cuáles pueden ser apartadas, el momento en que la fuerza comienza a presentarse como la única respuesta posible. Déjà Vu era, en últimas, una invitación a mirar el presente con memoria.
Hoy sigue vigente la invitación a mirar lo que ocurre y preguntarnos qué estamos viendo otra vez. Preguntarnos qué hemos aprendido de aquello que ya vivimos. Y, sobre todo, preguntarnos qué podemos hacer para que esta vez la historia no termine de la misma manera.
Por todo lo anterior, y por mucho más, no queremos que este aniversario sea una celebración ingenua.
No vamos a celebrar tres años (o nueve, o trece) como si el país estuviera mejor porque nosotros existimos. Vamos a celebrar que, a pesar de las dificultades, seguimos encontrando razones para juntarnos. Que todavía existen jóvenes que quieren aprender a comunicar. Que todavía hay comunidades que quieren contar sus propias historias. Que todavía hay organizaciones dispuestas a compartir saberes. Que todavía podemos sentarnos alrededor de una mesa, discutir, equivocarnos, aprender y volver a intentarlo.
Ahí está, quizás, la diferencia entre una organización que simplemente produce contenidos y una iniciativa de comunicación popular. No queremos hablar por las comunidades, queremos contribuir a que tengan herramientas para hablar por sí mismas. No queremos imponer un relato único sobre Colombia. Queremos ayudar a que circulen más relatos, especialmente aquellos que durante demasiado tiempo quedaron fuera de las grandes conversaciones nacionales. No queremos una comunicación que sustituya la organización, queremos una comunicación que ayude a organizar, a comprender, a preguntar y a encontrarnos. Por eso existe Bacatá Resiste. Por eso existe Palabra que Siembra. Por eso seguimos haciendo contenidos, acompañando procesos, encontrándonos con organizaciones y defendiendo la idea de que aprender a comunicar también puede ser aprender a construir vida digna sin exclusiones.
Nuestra apuesta por la pedagogía popular no es un complemento de nuestro trabajo comunicativo. Es una forma de entender que democratizar la comunicación significa democratizar también las herramientas con las que una comunidad interpreta su realidad y disputa el derecho a transformarla. Hace trece años, unos jóvenes decidieron encender una emisora porque sentían que algo estaba pasando en el país y querían contar aquello que no estaba llegando a sus espacios cotidianos. No sabíamos entonces hasta dónde llegaría aquella decisión. No sabíamos que cuatro años después comenzaríamos a construir una red. No sabíamos que diez años después estaríamos constituyendo jurídicamente una Fundación. Mucho menos sabíamos que, trece años después, seguiríamos necesitando defender las mismas cosas: la palabra, la participación, la memoria, la paz y la posibilidad de construir un país donde la vida valga más que la fuerza.
Tal vez eso sea lo que realmente estamos conmemorando este 4 de septiembre. No la permanencia de una marca, sino la persistencia de una idea, o de varias: que comunicar puede ser una forma de resistencia, que educar puede ser una forma de organizar, que escuchar puede ser un acto profundamente político, que narrar desde los territorios puede disputar el poder de quienes durante mucho tiempo tuvieron el privilegio de contar el país por todos los demás.
Hoy el panorama es distinto al de 2013. Tenemos otras tecnologías, otros lenguajes y otras amenazas, pero la pregunta sigue siendo esencialmente la misma: ¿para qué queremos comunicar?
Y quizá, en lo profundo, nuestra respuesta, aunque más madura, tampoco ha cambiado demasiado: queremos comunicar para que la vida tenga lugar, para que la paz no sea una palabra vacía, para que la diferencia no sea una condena, para que los territorios puedan narrarse a sí mismos, para que la memoria no sea reemplazada por el olvido, para que la comunicación no sea privilegio de quienes tienen más dinero, más poder o más acceso a las instituciones, para que podamos volver a hablarnos sin tener que pensar igual, para que podamos publicar sin miedo a la censura o a la vulneración de la vida misma.
Trece años desde que nació Nacho Estéreo. Tres años desde que EnREDados adquirió personería jurídica. Trece años de aprendizajes, equivocaciones, encuentros, debates y caminos compartidos. Y seguimos aquí.
No porque creamos tener todas las respuestas, sino porque seguimos convencidos de que vale la pena hacerse las preguntas y, porque, si algo nos enseñó aquel programa de Déjà Vu, es que reconocer la historia también puede ser una forma de cambiarla.
EnREDados nació de una experiencia de comunicación juvenil. Hoy seguimos pensándonos en red. Pero, sobre todo, seguimos creyendo que, para construir paz y vida digna, también hay que disputar la palabra, y hacerlo en todas sus formas y por todos los canales.
creído en esta apuesta y que, de distintas maneras, han puesto sus manos, sus voces, sus saberes, sus preguntas y sus territorios en este camino. A quienes estuvieron desde el comienzo, a quienes se fueron sumando y a quienes hoy siguen haciendo parte de este proceso. EnREDados es, sobre todo, un proceso construido a muchas manos y muchas voces, hecho de encuentros, aprendizajes, discusiones, afectos y complicidades. Nada de esto habría sido posible sin quienes han decidido hacer parte de este camino y entender, como parte de este proceso, que la comunicación popular se construye colectivamente.
Seguiremos, por la comunicacón popular, en defensa de la vida digna, el territorio y la paz.
EnREDados Colombia


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