Estas líneas nacen, en parte, de las conversaciones de Bacatá Resiste, ese espacio para la comunicación popular que esta semana volvió a poner sobre la mesa varias reflexiones necesarias. Algunas de ellas intento recogerlas a continuación.

Qué semana. Cuesta cada vez más entrar a las redes sociales, porque hay mucho dolor, mucha tensión; y sin embargo uno entra una y otra vez, porque también hay esperanza, y siempre aparece una historia o un mensaje de ayuda que vale la pena repostear y, cuando se puede, atender. El lunes 10 de agosto, a las 7:34 de la mañana, la tierra tembló: un sismo de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar sacudió al Chocó, el Valle del Cauca, Risaralda y Quindío, dejando cientos de muertos, miles de heridos y decenas de miles de familias sin techo (OPS/OMS). Esa misma noche, hacia las 11:00 p.m., mientras el país todavía contaba sus víctimas, el nuevo gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ordenó su primer bombardeo militar en el Catatumbo: la llamada Operación Beta, dirigida contra el ELN en zona rural de Tibú y San Calixto (Colombia Informa). El 13 de agosto se informó de más de treinta incendios forestales activos en el país, con el Tolima como epicentro de una tragedia que ya devoraba miles de hectáreas (La Silla Vacía). Y esa misma semana de duelo, la cancillería colombiana anunció el restablecimiento de relaciones con Israel y el reconocimiento de su soberanía sobre los Altos del Golán: un respaldo diplomático pleno a un Estado que la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos y la Comisión de Investigación del Consejo de Derechos Humanos han concluido que comete genocidio contra el pueblo palestino en Gaza (La Jornada; Noticias ONU, 2024).

Cuatro noticias, una sola semana, y sin embargo no son eventos desconectados. Son el mismo país mostrando, desde ángulos distintos, la misma pregunta: ¿qué tan dispuestos estamos, como sociedad y como Estado, a proteger la vida, la de aquí y la de cualquier otro rincón del mundo?

Y aun así, frente a cada una de estas tragedias, algo se repite en los comentarios de redes sociales, en los mensajes de WhatsApp, en las declaraciones de funcionarios y figuras públicas: «no politicemos la tragedia», «no es momento de discutir, centrémonos en ayudar». Es una consigna que suena razonable, casi compasiva. Pero conviene mirarla con cuidado, porque detrás de esa exigencia de silencio se esconde una trampa: la de anestesiar la indignación y convertir a la ciudadanía en espectadora pasiva de su propia historia.

Politizar no es buscar dividendos partidistas ni convertir el dolor en bandera electoral. Politizar es asumir que la protección de la vida humana y su dignidad es la razón de ser de una comunidad. Es entender que lo político no ocurre solo en campaña ni en el Congreso, sino todo el tiempo, en cada decisión (o en cada omisión) sobre cómo organizamos el cuidado colectivo.

Permítanme organizar las ideas en algunos puntos:

1. La Colombia que se conmueve y la trampa de la neutralidad

Lo primero que hay que decir es que la solidaridad colombiana, otra vez, desbordó a la tragedia. Brigadas de vecinas y vecinos cavando entre escombros antes de que se hicieran presentes las insituciones del Estado, vacas (colectas) espontáneas para las familias damnificadas, cadenas de acompañamiento comunitario en medio del duelo; son sinonimos de que el pueblo respondió, como responde siempre, con una empatía que ninguna cifra oficial logrará medir.

Pero esa misma semana trajo también el mandato del silencio. Como cada vez que ocurre una emergencia (un sismo, un bombardeo, un incendio) aparece la misma orden implícita: guardar las preguntas, aplazar la exigencia, no «aprovechar» el dolor. El problema es que esa orden no protege a nadie más que al statu quo. Exigir que no se politice la tragedia es, en el fondo, exigir que no se piense la tragedia.

2. La distinción indispensable: lo político frente a lo partidista

Buena parte de esa confusión nace de reducir la política a la politiquería: el circo electoral, la pelea por el micrófono, el señalamiento que busca votos, el oportunismo de bandera. Es comprensible que la gente le tema a eso. Pero existe otra dimensión, la de lo Político con mayúscula, que la filósofa belga Chantal Mouffe distingue cuando menciona que mientras «la política» remite a las prácticas e instituciones a través de las cuales se organiza la convivencia, «lo político» nombra la dimensión antagónica, siempre presente en toda sociedad humana, sobre cómo decidimos vivir juntos (Mouffe, 2007). Esa dimensión no depende de ningún calendario electoral. Aparece cuando decidimos (o no decidimos) construir viviendas capaces de resistir un sismo de 7,4; cuando elegimos (o no) detener la guerra para que la población civil de Tibú y San Calixto no vuelva a amanecer bajo el estruendo de un bombardeo; cuando definimos si el Estado llega a tiempo a apagar un incendio o llega después, cuando ya no queda nada que salvar; cuando decidimos a qué rescatistas se les abre la puerta y a cuáles no.

Hannah Arendt (2003) sostuvo que la política ocurre en el espacio de aparición común, allí donde los seres humanos actúan y hablan juntos sobre los asuntos que les son propios. Bajo esa lectura, el cuidado de lo común no espera a las urnas: sucede todos los días, en cada barrio, en cada parche, en cada asamblea, en cada brigada de rescate improvisada, en cada olla comunitaria, en cada pintada, etc.

Y sobre esa base hay un piso que no se negocia: toda vida vale. La vida no le pertenece a ninguna bandera, ningún gobierno, ningún candidato. La dignidad humana es el mínimo irrenunciable de cualquier contrato social que merezca llamarse así. Y decir que toda vida vale también obliga a mirar más allá de lo evidente: los animales que quedaron sin hogar o sin alimento necesitan ayuda igual que las personas, y dentro de las personas hay quienes necesitan algo más específico que un mercado o una carpa; el pañal para el bebé, el bastón o la silla de ruedas para quien ya los tenía antes del sismo y hoy los perdió, el medicamento diario del adulto mayor. La solidaridad que no piensa en esos detalles termina, sin querer, dejando por fuera a quienes más dependen de ella.

3. La disputa por el relato

Durante esta semana quedó otra vez en evidencia cómo los grandes reflectores deciden qué dolor es noticia y cuál queda relegado a un párrafo final. Pero esta vez el filtro no fue solo mediático: fue también diplomático. Mientras cientos de personas seguían atrapadas bajo los escombros, el gobierno de Abelardo de la Espriella decidió, primero, que no era necesario recibir rescatistas internacionales porque el país tenía «autonomía»; luego, ante las críticas, abrió la puerta únicamente a brigadas de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel. Los equipos mexicanos certificados por la ONU (los Topos Tlaltelolco) fueron rechazados por la propia UNGRD; otro grupo, los Topos Azteca, solo pudo llegar a Cali porque venía de Venezuela y fue recibido por la Alcaldía, no por el Gobierno nacional (Proceso). Un medio independiente español lo resumió como una «criba burocrática impuesta a un país gobernado por la izquierda» (El Diario), en contraste con la apertura inmediata hacia delegaciones afines ideológicamente.

Esa misma lógica de aliados y adversarios se repitió, casi en simultáneo, en otro terreno, ya mencionado al comienzo de este texto: el restablecimiento de relaciones con Israel y el reconocimiento de su soberanía sobre los Altos del Golán, territorio sirio que la ONU considera ocupado desde 1967 y que, hasta ahora, solo Estados Unidos había reconocido como israelí (La Jornada; SurySur). Cinco países rechazaron formalmente la decisión (France24). No es un detalle menor: se trata de sellar una alianza plena (incluida cooperación en defensa) con un Estado al que la propia relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos, Francesca Albanese, ha señalado de cometer actos de genocidio contra la población de Gaza, conclusión respaldada por la Comisión de Investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Noticias ONU; La Jornada). Colombia, bajo el gobierno de Gustavo Petro, había roto relaciones con Israel precisamente por esa razón y se había sumado a la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CEPRID; Wikipedia). Que el nuevo gobierno decida, en la misma semana en que el país entierra a sus muertos, revertir esa posición y priorizar esa alianza por encima de recibir ayuda humanitaria certificada de países vecinos, no es casualidad ideológica: es la misma pregunta de fondo repitiéndose en dos escenarios distintos, la de qué vidas importan y cuáles no.

Judith Butler (2004, 2009) ha mostrado cómo existen «marcos» que deciden qué vidas son reconocidas como vidas dignas de duelo público y cuáles quedan por fuera de esa gramática de reconocimiento. Achille Mbembe (2011), por su parte, describió cómo el poder contemporáneo se ejerce, cada vez más, decidiendo qué poblaciones son protegidas y cuáles resultan prescindibles. Esa es, otra de las preguntas que debemos hacerle a esta semana: ¿por qué un país que necesitaba con urgencia brigadas certificadas terminó discutiendo, al mismo tiempo, el estatus de un territorio a miles de kilómetros de distancia?

Y hay todavía un tercer episodio que conviene sumar a este cuadro, porque muestra que el problema no es solo con quién nos aliamos, sino cuánto de nuestra propia soberanía estamos dispuestos a ceder a cambio de esa alianza. Casi al mismo tiempo que el gobierno anunciaba la cifra de víctimas del terremoto, Estados Unidos se adelantó a anunciar otra noticia: desde Panamá, durante una reunión del Escudo de las Américas de Trump, el secretario de Defensa Pete Hegseth reveló que De la Espriella había autorizado «operaciones militares conjuntas» con Washington en territorio colombiano para «destruir terroristas y redes terroristas» (El País). El editorial de El País subraya que la palabra clave es «conjuntas»: la cooperación de inteligencia entre ambos países viene de décadas atrás, pero hablar de operaciones conjuntas es otra cosa, y ni Hegseth ni De la Espriella han explicado bajo qué mando, con qué tropas, buques o aviones, ni quién asume la responsabilidad de lo que allí ocurra (El País). El propio ministro de Defensa colombiano, el general retirado Jorge Mora, firmó junto a Hegseth la entrada oficial de Colombia como el país número 19 del Escudo de las Américas, una alianza regional que incluye a varios gobiernos de ultraderecha; en el vecino Ecuador, un plan similar del gobierno de Daniel Noboa fue frenado por los propios ecuatorianos en un referéndum, mientras que a los colombianos nadie les ha preguntado qué opinan (El País). Incluso voces ajenas al Gobierno saliente han alzado la voz: el general retirado de la Policía Juan Carlos Buitrago advirtió que desplegar tropas estadounidenses en suelo colombiano «constituiría una evidente intervención indebida» (El País). Que sea un funcionario extranjero quien le informe a Colombia sobre el uso de su propio territorio, y que lo haga en medio del duelo por el terremoto, resume bien una nueva pregunta que atraviesa esta sección: ¿de quién son, en últimas, las decisiones que se toman en nombre de nuestra seguridad?

Y esa disputa por el relato no fue solo con el exterior: también ocurrió puertas adentro. Los primeros reflectores, como casi siempre, se quedaron en las grandes ciudades (Cali, Pereira, Manizales), mientras la población más golpeada, más pobre y más vulnerable del país solo empezó a aparecer en la conversación pública horas después; otra vez por la misma comunidad. Hoy, casi una semana después del sismo, todavía hay veredas y corregimientos de los que no se tiene información, y comunidades de las que se sabe que existen pero que aún no han sido atendidas. Felipe Roa-Clavijo, profesor de la Universidad de los Andes, lo advirtió apenas tres días después del terremoto en La Silla Vacía: no sabíamos, y en parte todavía no sabemos, qué está pasando en la ruralidad, no solo en el Chocó, sino también en zonas rurales del Valle del Cauca como Riofrío, adonde las cámaras casi nunca llegan porque, como él mismo señaló, un edificio que colapsa es visible al instante, mientras que cien viviendas campesinas destruidas en la dispersión rural simplemente no aparecen en ninguna imagen (La Silla Vacía). Eso ya no es solo un problema del Chocó: es la ruralidad colombiana entera, otra vez, quedando fuera del relato.

La memoria histórica ayuda a calibrar esa vigilancia. La madrugada del 16 de noviembre de 2020, el huracán Iota, el primero de categoría 5 en tocar territorio colombiano, devastó la isla de Providencia: cerca del 98 % de su infraestructura quedó destruida o deteriorada, junto con la mayor parte de sus manglares (Al Jazeera; Wikipedia). Han pasado casi seis años. La reconstrucción sigue siendo motivo de reclamo por parte de la propia comunidad isleña, que tres años después del huracán seguía señalando retrasos y cambios de administración en un proceso que las autoridades daban por prácticamente cumplido (El Espectador, 2023; sanandresyprovidencia.com, 2025). Providencia es el espejo que nos recuerda algo incómodo: cuando la ciudadanía deja de vigilar la reconstrucción, la tragedia puede convertirse, con el tiempo, en abandono para la mayoría. Naomi Klein (2007) documentó ese patrón en distintas latitudes: las catástrofes son, con demasiada frecuencia, la ventana que el capital y el poder de turno aprovechan para imponerse por encima de las personas.

4. La red que sostiene la vida

Los hechos de esta semana no son eventos aislados de mala suerte. Son reflejos de cómo la sociedad y el Estado valoran (o subestiman) la vida:

• El terremoto expuso la desigualdad en la vulnerabilidad física de la vivienda: no todos los territorios tienen la misma capacidad de resistir un sismo de 7,4, y esa diferencia no es geológica, es histórica. The Economist lo documentó comparando la respuesta en Cali, con equipos especializados llegados desde Bogotá, frente a Quibdó, donde la falta de maquinaria y de capacidad hospitalaria reflejó el abandono histórico de un Chocó de mayoría afro e indígena; el terremoto, concluye el periódico, no creó esas desigualdades, apenas las hizo visibles (The Economist).
• La decisión de filtrar la ayuda internacional por afinidad ideológica expuso que, incluso en medio de una tragedia, hay gobiernos dispuestos a elegir aliados antes que vidas.
• El bombardeo en el Catatumbo expuso cómo, en el conflicto armado, la vida civil sigue estando en riesgo incluso cuando el objetivo declarado es otro.
• Los incendios forestales, agravados por el fenómeno de El Niño, expusieron la fragilidad de la casa común, o eso quiero pensar, porque no se nos olvida que detrás de crisis como la de Milei en Argentina existe la fuerte denuncia de que el abandono estatal respondería, presuntamente, a un plan para desvalorizar los bosques y habilitar su venta a capitales extranjeros (SWI).
• La reconstrucción de las viviendas destruidas se anunció, desde el primer momento, apalancada en créditos bancarios: a quien lo perdió todo no se le devuelve la casa, se le ofrece la posibilidad de volver a endeudarse para levantarla.

La investigadora Virginia García Acosta, referente de los estudios sociales del riesgo en América Latina, junto con Andrew Maskrey, ha insistido en una idea que conviene repetir cada vez que ocurre un desastre: los fenómenos naturales (un sismo, un huracán, una sequía) son inevitables, pero el desastre, la magnitud del daño que producen sobre las personas, es una construcción social del riesgo, resultado de decisiones políticas previas sobre dónde y cómo se construye, se invierte y se protege (García Acosta, 2008; Maskrey, 1993).

Ese último punto merece ser analizado un poco, porque revela quién gana con la reconstrucción. El plan de vivienda del Gobierno para las más de 44.000 familias que perdieron su casa se sostiene, en buena parte, en alianzas con la banca para ofrecer créditos a tasas más bajas (Portafolio). Suena a alivio, hasta que se lee la letra pequeña: la Superintendencia Financiera recuerda que, si una vivienda hipotecada se destruye, es el banco quien tiene derecho a cobrar primero, con el dinero del seguro, la deuda que aún existía antes del sismo; solo lo que sobra, si sobra algo, llega a la familia (Cambio). Es decir: mientras miles de personas duermen bajo carpas, al sistema financiero se le garantiza el pago de lo que ya se debía, y a las familias se les ofrece, como solución, un nuevo préstamo para reconstruir lo que la tierra les quitó. Naomi Klein (2007) lo documentó hace casi veinte años: los desastres abren una ventana en la que el capital impone, con la urgencia como excusa, arreglos que en tiempos normales generarían resistencia. Ofrecer deuda, y no reparación, a quien lo perdió todo es una de esas formas silenciosas en que la tragedia se convierte en negocio.

De ahí el principio que atraviesa todo lo anterior: la fragilidad es una condición humana, compartida por todos. Pero la precarización, quién queda más expuesto, quién espera más tiempo la ayuda, a quién se le cierra la puerta por no ser del bando correcto, quién tiene que endeudarse para no perderlo todo dos veces, es una decisión política. Y esa decisión, casi sin excepción, recae con más fuerza sobre quienes menos margen tienen para resistirla: familias sin ahorro ni patrimonio de respaldo, comunidades que ya llegaban golpeadas al desastre. La injusticia no es un efecto secundario de la tragedia: es, muchas veces, su diseño.

Y aquí hay que decirlo con mucho cuidado, porque lo primero, lo innegociable, es la vida y su dignidad. Hay una frase que se repite estos días, casi siempre con buena intención: «lo importante es que están vivos, lo material se recupera». Es cierto, y hay que decir que quien no perdió a nadie tiene todo el derecho de sentir alivio, incluso alegría, y eso no es insensibilidad, es gratitud por la vida que sigue. Pero sostener la dignidad de esa vida no se agota en que el corazón siga latiendo. Quien perdió la casa que compró con años de esfuerzo, la cama, la cocina, las cosas con las que se construyó una vida, tiene también el derecho de sentir que perdió algo importante, sin que eso reste ni un gramo de gratitud por seguir con vida. Lo material, aunque incomode decirlo, constituye buena parte de lo que dignifica la vida de las personas; no es superficialidad, es el resultado de un esfuerzo que no se puede minimizar comparándolo con «por lo menos están vivos». Y ese esfuerzo, además, no cuesta lo mismo para todos: no es lo mismo perder la casa cuando se puede volver a comprar una cama sin pensarlo dos veces, que cuando cada mueble representó meses de ahorro. De ahí un llamado concreto a quienes acompañarán los procesos de construcción y autoconstrucción que se avecinan (constructoras, gremios, academia, empresas, Estado) para que sean sensibles a esa realidad, y no traten la reconstrucción como un simple negocio de metros cuadrados.

Y hace falta, además, algo que casi nunca aparece, pero que gracias al pueblo está presente: acompañamiento psicológico. El duelo por lo material y el miedo que deja un sismo de esta magnitud no se resuelven solo con un techo nuevo; hace falta también quien ayude a sostener la salud mental de las comunidades, tanto en la emergencia como después, cuando las cámaras ya se hayan ido.

En medio de todo esto vale la pena recuperar un dicho que resume bien la solidaridad colombiana: donde comen uno, comen dos y comen tres. Esa generosidad de compartir el plato, la casa, el hombro, es la que debe seguir intacta. Pero para que siga siendo cuidado y no se convierta en daño, tiene que sostenerse en proporciones razonables: que quien comparte no termine también sin nada, que la solidaridad se organice y se reparta, y no dependa del agotamiento silencioso de siempre las mismas manos.

5. Sostener el argumento: por qué el cuidado no es caridad

Hay otra parte de la respuesta a una tragedia que suele ser menos visible: sostener la vida cotidiana mientras todo lo demás se desordena. Preparar comida, cuidar a niñas y niños, acompañar a las personas mayores, atender a quienes tienen una discapacidad, escuchar a quien acaba de perderlo todo, organizar las ayudas que llegan y tratar de mantener funcionando una familia o una comunidad también es trabajo. No siempre aparece en las cifras de la emergencia, pero sin ese trabajo ninguna reconstrucción sería posible.

Y aquí hay algo que tampoco deberíamos perder de vista: esta semana, cientos de personas anónimas han cuidado, acompañado, cocinado, cargado, transportado y sostenido a sus familias y comunidades, muchas veces mientras cargaban también sus propias pérdidas. Ese trabajo rara vez se reconoce como trabajo, y casi nunca se distribuye de manera equitativa: recae, una y otra vez, sobre quienes ya venían sosteniendo a otros incluso antes de que llegara el desastre. La pregunta, entonces, no es quién está obligado a cuidar, sino por qué seguimos permitiendo que una parte tan importante de ese trabajo caiga siempre sobre las mismas manos, sin apoyo institucional ni reconocimiento.

Ese mismo patrón de trasladar el costo a quienes menos tienen para resistirlo se repite cuando miramos quién sostiene, día a día, el tejido comunitario en medio de estas crisis. Vale la pena detenerse en una idea que atraviesa el trabajo de tantas lideresas comunitarias en Colombia. Joan Tronto , desde la ética del cuidado, ha argumentado que cuidar no es una tarea privada ni un gesto de caridad individual, sino una responsabilidad política central que sostiene, literalmente, la posibilidad de la vida en común (Tronto, 1993). Cuando el Estado delega ese trabajo en mujeres que lo asumen sin salario, sin seguridad social suficiente y muchas veces sin protección frente a las amenazas, no está ahorrando recursos: está trasladando el costo de sostener la vida a los hombros de quienes menos herramientas tienen para exigir que ese costo se comparta. Es la misma lógica que reparte créditos en lugar de reparación: siempre termina pagando quien ya tenía menos.

6. Conclusión: politizar la vida como ejercicio de dignidad y vigilancia

Antes de cerrar, hay que decir lo obvio, que a veces se nos olvida decir: gracias. A quienes se volvieron voluntarios sin que nadie se los pidiera, a quienes donaron lo que tenían y también lo que no les sobraba, a las brigadas de vecinas y vecinos que llegaron antes que cualquier institución. Esa solidaridad no es una anécdota bonita para cerrar una nota: es la prueba de que el tejido social, aunque golpeado, sigue vivo.

Y precisamente por eso no podemos dejar de contar, de comunicar, de politizar. Seremos la mecha que mantenga encendida esa solidaridad cuando la emergencia deje de ser noticia y empiece lo más difícil: la reconstrucción. Esta semana la Cruz Roja pidió sangre con urgencia y Colombia respondió (El Espectador); ya hay centros de acopio saturados y transportadores que, de manera voluntaria, han llevado ayudas hasta los territorios más golpeados, y en algunos casos nos han pedido pausar por unos días porque hay lo suficiente para lo inmediato. Eso no es motivo para bajar los brazos, sino para afinar lotra pregunta: ¿qué se necesita ahora, y qué se va a necesitar en unas semanas? Porque esa solidaridad va a ser fundamental no solo ahorita, sino también cuando toque ir a poner el ladrillo para que una señora recupere su casa, o ayudar a conseguir de nuevo la estufa o la cama para que un niño pueda descansar lo suficiente y volver al colegio. Porque viene la reconstrucción de las viviendas, y con ella se juega la reconstrucción del sentido mismo de la vida en esos territorios. Hay que ser vigilantes para que se haga bien, sin sobrecostos, y con las comunidades como protagonistas y no como beneficiarias pasivas de un plan diseñado desde un escritorio en Bogotá (cosa que no ocurrió en Providencia). Fortalecer el tejido comunitario tiene que ser un objetivo en sí mismo, no un efecto colateral que se da por hecho. No se puede permitir que la tragedia se mercantilice a través de créditos que terminan blindando más a la banca que a las familias; hay que exigir, en cambio, que la reconstrucción fortalezca la economía local: los materiales, la mano de obra, el comercio de los territorios golpeados. Y no podemos dejar que los reflectores bajen antes de tiempo, como suele ocurrir apenas la noticia deja de ser noticia.

Tampoco podemos permitir que la falta de empalme entre el gobierno saliente y el entrante, como documentó The Economist que De la Espriella llegó a esta crisis «pagando las consecuencias» de haberse negado a cooperar con el proceso de empalme que había iniciado el gobierno anterior, se traduzca en incapacidad institucional que termine costándoles más caro a quienes ya perdieron todo. La transición de poder no puede ser excusa para la improvisación en medio de una tragedia de esta magnitud. Y necesitamos criterio propio, no el que nos entregan los otros, para responder las preguntas que son punto de partida en Bacatá Resiste y que vuelven a tener sentido en este texto: quién queda por fuera del relato dominante, y quién emerge, en cambio, del relato que nosotros mismos construimos desde los territorios.

No todo el mundo puede viajar a Chocó, cargar un bulto de mercado o ponerse un chaleco de rescatista, y no pasa nada, compartir en redes también es politizar. Contar lo que está pasando, amplificar lo que otros medios no cuentan, es una forma legítima de participar cuando no se puede estar en el territorio. Y esa misma atención en redes tiene que servir para algo más, pues mientras los reflectores están puestos en la catástrofe, hay quienes aprovechan para tomar decisiones a espaldas del pubelo. Vigilar eso también es parte de la tarea.

Y esa vigilancia debe aplicarse parejo, sin importar de qué lado político venga. Esta semana el representante Óscar Benavides, que recogió cientos de millones de pesos en donaciones para las familias del Chocó, terminó denunciado ante la Corte Suprema por el manejo de esos recursos (Pulzo). Si miles de colombianos confiaron en él y por eso la «vaca» creció tan rápido, lo que corresponde no es criminalizar por adelantado la solidaridad, sino exigir cuentas claras y transparentes; las mismas que le debemos exigir a cualquiera que reciba donaciones para esta tragedia, sin distinción de apellido ni de partido. La transparencia no puede ser un estándar que solo se le exige a quien no comparte nuestras simpatías políticas.

La solidaridad de los colombianos es una fuerza viva; lo demostramos otra vez esta semana. Pero la empatía sin fiscalización, sin memoria y sin exigencia corre el riesgo de ser instrumentalizada por el poder de turno, sea cual sea su color político.

Politizar en el sentido profundo, no partidista, del término, es el único camino para que tanto dolor no sea en vano. Vigilar a los gobiernos, cuestionar los relatos dominantes y los filtros ideológicos con los que se reparte la ayuda humanitaria, y exigir que la dignidad de la vida esté siempre por encima del cálculo y de las afinidades políticas, no es una postura de partido. Es un deber ético e irrenunciable con el presente y con el futuro de este país que, otra vez esta semana, se conmovió, se organizó y, ojalá, decida no volver a mirar hacia otro lado.

Falta, todavía, revisar con lupa los nombramientos que está haciendo este gobierno recién estrenado, y vigilar con especial cuidado cada decisión que tome mientras el país sigue de luto. Pero esa vigilancia también tiene que hacer lugar para reconocer lo que se hace bien, venga de donde venga. Esta semana también ha dejado ejemplos de servidores y servidoras públicas que han estado a la altura de la emergencia; de organizaciones sociales y comunitarias que han puesto sus capacidades al servicio de los territorios; de empresarios y microempresarios que han donado recursos, alimentos, transporte o infraestructura; de personas con visibilidad pública e influencers que han utilizado sus plataformas para movilizar ayudas; de partidos políticos que han puesto sus estructuras al servicio de la emergencia; y, sobre todo, de miles de ciudadanas y ciudadanos comunes que han donado, transportado, cocinado, recogido, clasificado y entregado ayudas, muchas veces sin esperar reconocimiento alguno. También merece destacarse el trabajo de la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curí, que viajó a San José del Palmar y propuso un banco de materiales para agilizar la reconstrucción de las viviendas más golpeadas (Portafolio); así como la colecta impulsada por el representante a la Cámara por las comunidades afro, Óscar Benavides, que, logró movilizar a cientos de colombianos. Reconocer estas acciones no significa suspender la crítica ni la exigencia de transparencia; significa aplicar el mismo criterio en ambos sentidos: cuestionar lo que debe ser cuestionado y reconocer lo que merece ser reconocido, sin importar de qué lado político, institucional o social provenga.

Y no podemos permitir, entonces, que nos sigan pidiendo no politizar. Sostener la dignidad de la vida ha sido, históricamente, una tarea del pueblo y para el pueblo, sostenida en la fortaleza de su gente, sin distinguir partido político, religión, ni ninguna otra bandera. Seguramente en los próximos días sigan surgiendo más elementos que merezcan ser analizados, politizados, agradecidos; eso es inevitable y es sano. Pero la respuesta a todos ellos, como siempre se insiste en el diplomado, le corresponde a cada quien construirla desde las mismas preguntas: ¿quién tiene el poder de contar el territorio (de contarnos), y quién queda por fuera del relato dominante? ¿Y desde dónde emerge, entonces, nuestra propia palabra?

Y esa vigilancia no puede olvidar al Tolima, ni a las comunidades rurales y más vulnerables que hoy siguen esperando, con menos cámaras encima y menos ayuda encima que las grandes ciudades.

Y quizá esa sea la esperanza que vale la pena rescatar de esta semana: que, incluso cuando el poder falla, cuando los relatos se disputan y cuando la tragedia parece demasiado grande, seguimos encontrando formas de cuidarnos. No es una esperanza ingenua ni una razón para bajar la guardia. Es, precisamente, una razón más para sostenerla: porque si algo ha demostrado esta semana es que la vida también se defiende desde abajo, entre vecinos, comunidades, organizaciones, voluntarios y personas que deciden no mirar hacia otro lado.

In memoriam

Esta semana, además, Colombia y La Poderosa Colombia despidieron a la señora Ana (Ana Adela Hurtado Palacios), lideresa de Xuacha: mujer afro, poderosa, portadora de alegría y de esperanza en medio de las injusticias de un Estado hecho a la medida de los codiciosos. A todo el dolor de estos días sumamos su partida. Que su memoria siga siendo semilla para quienes continúan el trabajo que ella sostuvo.