Editorial Junio

La comunicación siempre elige. Elige qué voces amplifica y cuáles silencia. Elige qué conflictos visibiliza y cuáles deja en la sombra. Elige qué historias considera dignas de ser contadas y cuáles permanecen ocultas detrás del ruido cotidiano. Incluso cuando pretende ser neutral está tomando una decisión política, porque la neutralidad no ocurre en el vacío: ocurre en medio de relaciones de poder, disputas de sentido y proyectos de sociedad en conflicto. Por eso, desde EnREDados, siempre hemos sostenido que la comunicación no es únicamente una herramienta para informar. Es también una práctica ética y política que contribuye a construir la sociedad que habitamos.

Durante años hemos defendido una comunicación comprometida con la construcción de paz, los derechos humanos, la justicia social, la participación democrática, la organización comunitaria y la transformación social desde los territorios. No porque creamos que la comunicación deba convertirse en propaganda, sino porque entendemos que toda práctica comunicativa responde, consciente o inconscientemente, a una pregunta fundamental: ¿al servicio de qué proyecto de país ponemos nuestras palabras? La cuestión nunca ha sido si la comunicación toma partido. La cuestión es por qué causas decide hacerlo.

Hoy sentimos la necesidad de responder públicamente esa pregunta porque Colombia atraviesa un momento que exige claridad. No estamos ante una campaña electoral más ni ante una simple disputa entre candidaturas. Estamos frente a una confrontación entre visiones profundamente distintas sobre el país que queremos construir. Dos maneras de comprender la democracia, la seguridad, la justicia, la economía, los derechos y la convivencia. Dos formas de responder a los conflictos históricos de nuestra sociedad. Y aunque toda democracia necesita la existencia de diferencias políticas, no todas las diferencias son equivalentes cuando están en juego principios fundamentales.

Creemos que la discusión de fondo no es entre izquierda y derecha, ni entre etiquetas ideológicas que durante décadas han sido utilizadas para alimentar miedos y simplificaciones. Lo que realmente está en disputa es la dignidad de la vida. La posibilidad de construir un país donde las personas puedan vivir con derechos, con oportunidades para elegir su propio proyecto de vida y prosperar, con participación, con garantías democráticas, con instituciones que protejan y hagan efectivos sus derechos, y con la expectativa razonable de un futuro mejor. La posibilidad de seguir ampliando los espacios de inclusión, reconocimiento y justicia conquistados por generaciones enteras de colombianos y colombianas que han luchado por una sociedad más democrática.

Cuando hablamos de la vida, además, no hablamos de una idea abstracta. Hablamos de la vida digna. De la posibilidad de estudiar, trabajar, expresar opiniones sin miedo, organizarse colectivamente, habitar los territorios en paz, ejercer la diferencia sin ser perseguido y participar en la construcción de las decisiones públicas. Hablamos de una vida que reconoce la diversidad humana como una riqueza democrática y no como una amenaza. Hablamos de una vida que entiende que la paz no es solamente la ausencia de guerra, sino la existencia de condiciones materiales, sociales y culturales que permitan resolver los conflictos sin violencia.

Frente a esa apuesta existe otra visión de país que merece ser observada con atención y discutida con honestidad. Una visión que reduce problemas complejos a respuestas simples. Que entiende la seguridad principalmente desde la confrontación y la fuerza. Que convierte con facilidad al contradictor en enemigo que se debe destripar. Que mira con sospecha muchas de las conquistas alcanzadas por décadas de luchas sociales, estudiantiles, sindicales, campesinas, feministas, ambientales y de derechos humanos. Una visión que suele presentar la ampliación de derechos como una amenaza y la diferencia como un obstáculo. No se trata de afirmar que quienes la comparten sean enemigos de la democracia. Se trata de reconocer que las respuestas que propone representan un horizonte político distinto, uno que, a nuestro juicio, implica riesgos evidentes de retroceso para la construcción de una sociedad más incluyente, más plural, más justa y más sostenible.

Quizás por eso nos preocupa el deterioro que ha experimentado el debate público en los últimos años. Cada vez resulta más frecuente escuchar discursos que apelan al miedo antes que a la esperanza, a la estigmatización antes que al argumento y a la confrontación antes que al diálogo. Cada vez aparecen con mayor naturalidad expresiones que convierten a quienes piensan diferente en amenazas que deben ser derrotadas o erradicadas. Colombia ya conoce demasiado bien las consecuencias de esos lenguajes. Nuestra historia está marcada por la persecución política, la exclusión, la violencia y la imposibilidad de tramitar las diferencias de manera democrática. Sabemos que las palabras importan porque hemos vivido sus consecuencias.

También nos preocupa la facilidad con la que ciertos sectores reducen cualquier conversación sobre justicia social al fantasma del comunismo, cualquier apuesta por la paz a una supuesta complicidad con los violentos o cualquier intento de transformación democrática a escenarios de desastre inminente. Son narrativas que simplifican deliberadamente problemas complejos y que buscan clausurar la discusión pública mediante el miedo. La realidad colombiana, sin embargo, exige algo distinto. Exige conversaciones serenas sobre cómo construir seguridad sin sacrificar derechos, cómo fortalecer la economía garantizando el bienestar para las mayorías, cómo combatir la corrupción sin utilizarla únicamente como arma electoral, y cómo profundizar la democracia en lugar de restringirla.

La seguridad, por ejemplo, es una preocupación legítima para millones de personas. Nadie debería vivir con miedo. Pero también sabemos que la violencia no se derrota exclusivamente mediante la fuerza. La experiencia colombiana demuestra que la seguridad duradera requiere instituciones sólidas, oportunidades para las comunidades, presencia integral del Estado y capacidad para resolver las causas profundas de los conflictos. Del mismo modo, la economía no puede medirse únicamente a través de indicadores macroeconómicos ni de discursos catastrofistas. Debe evaluarse por su capacidad de generar bienestar, empleo, estabilidad y oportunidades para quienes históricamente han sido excluidos. Y cuando hablamos de corrupción, nuestra posición sigue siendo la misma de siempre: debe investigarse y sancionarse venga de donde venga, sin importar quién gobierne ni cuáles sean las afinidades políticas de los involucrados.

Desde nuestra experiencia cercana a procesos comunitarios, culturales y sociales en distintos territorios del país, hemos aprendido que las transformaciones más importantes no nacen de la imposición. Nacen del diálogo, de la organización colectiva, de la movilización social, de la participación ciudadana y de la construcción paciente de acuerdos. Nacen cuando las diferencias pueden tramitarse sin violencia y cuando la democracia logra abrir espacios para quienes históricamente han sido excluidos de las decisiones que afectan sus vidas.

Por esa razón, sentimos que este no es un momento para guardar silencio. No porque pensemos que exista una candidatura perfecta o una solución mágica para los problemas nacionales. Tampoco porque renunciemos al pensamiento crítico, a la autonomía o a la capacidad de cuestionar las decisiones de cualquier gobierno. Nos pronunciamos porque creemos que existen momentos históricos en los que la responsabilidad ética exige claridad. Momentos en los que permanecer al margen también constituye una decisión política.

Desde EnREDados hemos decidido asumir esa claridad. Nuestra apuesta sigue siendo la misma que ha orientado nuestro trabajo durante años: la defensa de la vida digna, la construcción de paz, la justicia social, la participación democrática y el reconocimiento pleno de la dignidad humana. Son principios que han guiado nuestros procesos de comunicación, nuestros proyectos comunitarios y nuestras acciones colectivas. Son principios que no surgieron de una coyuntura electoral y que seguirán existiendo mucho después de que termine esta campaña.

Es precisamente esa convicción la que nos lleva a respaldar la candidatura de Iván Cepeda. No porque creamos que una persona pueda encarnar por sí sola todas las respuestas que necesita el país. No porque dejemos de reconocer errores, contradicciones o desafíos. Lo hacemos porque identificamos en su trayectoria una defensa consistente de la paz, los derechos humanos, las víctimas, la democracia y la búsqueda de soluciones políticas para conflictos que durante décadas alimentaron la violencia colombiana. También porque ha demostrado una capacidad poco común para dialogar, escuchar y construir acuerdos con personas y sectores que piensan distinto, entendiendo que los grandes desafíos nacionales solo pueden enfrentarse mediante la concertación democrática y no desde la imposición. Lo hacemos porque, entre los proyectos que hoy se disputan el rumbo del país, consideramos que es el que mejor representa la defensa de la vida digna, la ampliación de derechos y la profundización democrática que hemos defendido durante años.

Respetamos profundamente a quienes llegarán a conclusiones distintas. La democracia necesita diversidad, desacuerdo y pluralidad. Nadie debería ser atacado por pensar diferente. Sin embargo, el respeto por las diferencias no implica renunciar a expresar con honestidad nuestras propias convicciones. Y la nuestra es clara.

Creemos que la paz sigue siendo mejor camino que la guerra. Creemos que ampliar los derechos es mejor que restringirlos. Creemos que la justicia social es una condición necesaria para construir una sociedad más segura,  democrática y en paz. Creemos que la participación fortalece la democracia y que la exclusión la debilita. Creemos que ninguna transformación colectiva puede construirse desde el odio o la eliminación simbólica o efectiva del adversario. Y creemos que la dignidad de la vida debe seguir siendo el principio que oriente nuestras decisiones políticas, éticas y comunicativas.

Por eso hemos elegido hablar. Porque la comunicación siempre elige. Y porque, en este momento de la historia colombiana, nosotros elegimos la dignidad de la vida. Siempre.