De las excusas públicas a las dificultades de otorgar el perdón

El acto de excusas públicas para las personas familiares de los mal llamados “falsos positivos” se llevó a cabo ayer, 3 de octubre de 2023, en un pequeño y resguardado espacio de la plaza de Bolívar.  Se hizo en “cumplimento del Acto 033 de 2021 de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz y las órdenes establecidas por el Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Norte de Santander y Juzgados Administrativos de Villavicencio, Bogotá, Cúcuta, Tunja y Bucaramanga” (Portal Mindefensa, 04/10/23). Fue un proceso largo y arduo, porque había órdenes jurídicas desde 2015, que fueron desconocidas y obstaculizadas por los gobiernos de Santos y Duque. En nombre del Estado, el actual gobierno asumió la responsabilidad de pedir estas excusas en público, por los actos cometidos durante el gobierno de Uribe bajo la directiva “ministerial 029 de 2005”, firmada por el entonces ministro de defensa, Camilo Ospina, para “reglamentar el pago de las recompensas, evitar los equívocos de parte de la Fuerza Pública y darle transparencia a la política de incentivos” [1]

Esta directiva fue continuada por el siguiente ministro, Juan Manuel Santos, quien duró casi tres años en el cargo, al que solo renunció cuando fue llamado a un juicio por su responsabilidad política en las entonces llamadas desapariciones de jóvenes. Entonces, no resulta extraño que, en su gobierno, en el que firmó el acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC-EP, no se haya avanzado en el cumplimiento de estas exigencias jurídicas. Y menos aún, que el gobierno de Duque, bajo el inescrupuloso ministerio de Molano, encaminado a destrozar las bases de este acuerdo de paz, y reconocido por los crímenes por parte de las fuerzas del Estado contra jóvenes durante el Paro Nacional y el Estallido Social de septiembre de 2020, hubiera obstaculizado por todos los medios este acto público. Tampoco resulta extraño que Álvaro Uribe utilice sus trincheras mediáticas para seguir atacando a las familias víctimas, y para continuar negando su responsabilidad. 

En realidad, el actual gobierno no se limitó a excusar al Estado, sino que sus representantes avanzaron pidiendo perdón. Como lo ha dicho Gustavo Petro, en nombre del Estado: “Como presidente de la República de Colombia, de este que es un gobierno popular, me permito pedirles perdón, madres.” En el mismo sentido se pronunció el ministro de Defensa, Iván Velásquez: “En nombre del Estado, del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, pedimos perdón a ustedes, madres, padres, hermanos, hermanas, esposos, hijos, familiares y a toda la población por los reprochables hechos de desaparición forzada y que luego fueron presentadas como bajas en combate. Pedimos perdón por estos crímenes que nos avergüenzan ante el mundo”. La misma tónica la siguió el General Ospina, comandante del ejército, quien sostuvo que la institución debe hacerse legítima en “la protección y el respeto de la vida”, así como en preservar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario; reconoció que la institución militar causó la muerte de los jóvenes de Soacha y, por tanto, dijo: “ofrecemos nuestras sentidas y sinceras disculpas y pedimos, con la humildad que caracteriza a un soldado de la patria, perdón.”

El aspecto central de excusas públicas fue en realidad el acto de perdón que consistió en honrar y dignificar el nombre de las víctimas y reconocer que fueron civiles inocentes. Estos jóvenes llevaban, todos, las vidas comunes y corrientes de las juventudes de Soacha, donde muchas de las familias son víctimas del desplazamiento. Fueron educados en el esfuerzo por salir adelante. En su inocencia,, fueron seducidos por su necesidad de obtener un trabajo. Sin embargo, fueron engañados y la promesa de una vida mejor se convirtió muy rápido en sus desapariciones y asesinatos, que no fueron falsos ni positivos.

Ellos se convirtieron en víctimas de las fuerzas del Estado dentro de la doble mentalidad de estigmatización contra los jóvenes de los sectores populares y la peligrosa costumbre de hacer “limpieza social”. Por un lado, la orden de los mandos militares era implementar una especie de limpieza social de quienes son potencialmente peligrosos, pero quienes la ejecutaron la aplicaron contra jóvenes populares, asumiendo que eran peligrosos por su misma condición social. La paradoja acá es que la mayoría de quienes cometieron estos crímenes son, precisamente, jóvenes de sectores populares, presionados por las exigencias del alto mando. Y estos, a su vez, actuaron al servicio de la “codicia”, que “lleva al asesinato, lleva a matar”, como dijo el Presidente Petro; “Mataron a esos jovencitos porque querían volver a gobernar, porque si no seguían en el poder, se acababa el negocio.”

Pero el perdón no ha sido completo, porque quienes dieron la orden se niegan a reconocerlo, incluyendo la responsabilidad moral y política que les corresponde a Uribe y a Santos. Además, porque varios medios hacen eco de los discursos que justifican la violencia estatal,  generado una sociedad en la que un bloque enorme de personas cree que es legítimo asesinar a quien ha sido injustamente estigmatizado, como guerrillero, narcotraficante, sicario, consumidor de drogas, criminal, en fin: al joven de un sector popular. También, porque varias de las instituciones de justicia ocultan los hechos y dificultan la consecución de la verdad.  Por eso, varias de las madres y de los familiares se han negado a dar su perdón, y siguen exigiendo que quienes dieron las órdenes asuman su responsabilidad.

Paradojas de los derechos humanos y lo público

Desde que se comenzó a acusar a las fuerzas militares y de policía de violar los derechos humanos, en la oscura época del estatuto de seguridad, la respuesta del Estado ha sido formar a sus grupos armados en derechos humanos; esta continúa siendo la respuesta por parte del Estado. A la sombra de este compromiso, se montaron los grupos de autodefensa, cuya historia bien conocemos. En los relatos recogidos por la Comisión de la Verdad, siempre la violencia paramilitar estuvo protegida por las fuerza militares y de policía. Los derechos humanos son el núcleo ético del Estado de derecho. Este se organiza para garantizarlos y defenderlos. Esto último se hace a través del control y ejercicio del poder armado, “legítimo”. El problema en Colombia, como sucede en cualquier Estado que entiende sus conflictos en términos de amigos y enemigos, pero estos últimos internos, es que entonces los derechos humanos se tornan ineficaces, pues los victimarios los conocen, están obligados a cumplirlos, pero solo entienden que cumplen su deber al violarlos, asesinando civiles.

Algo que puede simbolizar esta paradoja es la doble valla que impedía el acceso al acto público. El Estado democrático de derecho, incluso en un gobierno popular, no puede dejar de obrar como corresponde su doble núcleo: no puede defender los derechos humanos más que ejerciendo violencia, y, por tanto, violando los derechos humanos con alguna clase de justificación como las que hemos escuchado por boca de los responsables de estos crímenes de Estado. Del mismo modo, no logra hacer un acto público que tenga el nombre que debe tener: solicitud de perdón por parte de los representantes del Estado a las víctimas de los crímenes de Estado. Solo puede llegar a hacer un acto cerrado, cuyo carácter público estuvo en la presencia de medios de comunicación y en la transmisión en vivo de la larga ceremonia. Entonces, el Estado solo llega, en la mejor de sus versiones, a un público virtual, porque la participación en la plaza fue excluida de antemano.  El Estado democrático y garantista de los derechos humanos, solo alcanza a realizar un acto público excluyendo al público. Las razones, como siempre, suenan muy válidas: la protección de estas víctimas realmente amenazadas por los mismos poderosos que les arrebataron a sus familiares.

Estas paradojas no tienen resolución dentro de esta, la lógica del Estado de derecho, garante de los derechos humanos a través del “ejercicio legítimo de la violencia”. Para buscar alternativas, podemos proponernos avanzar hacia una sociedad donde se puedan resolver los conflictos a través del diálogo, como lo propuso el Presidente Petro ante las madres de Soacha.  Pero siempre el Estado de Derecho contendrá ese núcleo inconfesable, invisibilizado, de las víctimas que necesariamente produce. Entonces, tal vez lo que podemos hacer es proponernos avanzar en desmontar los mecanismos que producen víctimas en todas nuestras relaciones y formas del estar con otras personas, poniéndolos en evidencia sin producir nuevas víctimas.  Se trata de construir una sociedad que no genere más víctimas de ninguna clase.