El Instituto de Medicina Legal confirmó que, desde agosto, han muerto quince menores de edad en bombardeos militares contra las disidencias de las antiguas FARC. Se trata de niñeces y juventudes reclutadas de manera forzada por un grupo armado ilegal, cuyas vidas terminaron en una acción letal del Estado. Este hecho no puede asumirse como una cifra ni como un daño colateral: es una tragedia que desgarra territorios, familias y proyectos de vida, y que interpela de frente a todo el país.

Desde EnREDados, como iniciativa de comunicación popular, afirmamos que las niñeces y las juventudes no pueden seguir pagando las fallas estructurales de un país que no ha sido capaz de garantizarles caminos dignos ni oportunidades reales. La guerra no puede presentarse como solución y mucho menos como respuesta automática frente a un conflicto que se reinventa a golpe de abandono y desigualdad. El reclutamiento forzado es una práctica atroz que despoja a las comunidades de su futuro, y ninguna acción militar puede ignorar los límites humanitarios que existen precisamente para evitar tragedias como esta.

No se trata solo de preguntarnos cuántas vidas se pierden, sino de reconocer las condiciones que siguen permitiendo que la muerte sea una posibilidad cotidiana para tantos territorios. Cada vida truncada revela un Estado que no protegió, una sociedad que ha normalizado la violencia y un conflicto que se recicla bajo nuevos nombres y nuevas justificaciones. También evidencia la incapacidad histórica de ofrecer alternativas distintas a la guerra, así como la fragilidad de una institucionalidad que insiste en medir resultados en términos de impacto militar y no de dignidad humana. La paz no surge de bombardear con mayor precisión.

Este hecho nos duele, nos indigna y nos compromete. Nuestra apuesta no es por una guerra más eficaz ni por una seguridad más “inteligente”, sino por una transformación ética y política que desmonte las prácticas, los discursos y las instituciones que sostienen la lógica violenta. Esa lógica que asume que algunas vidas pueden sacrificarse para proteger otras, y que ha mantenido al país atrapado en un ciclo que reduce la existencia humana a un cálculo estratégico.

Por eso, hacemos un llamado a que el Estado actúe siempre bajo los principios de precaución, proporcionalidad y humanidad, y asuma que su deber superior es proteger la vida, no contabilizar muertes. Exigimos también que los actores armados ilegales abandonen el reclutamiento forzado y cesen las violencias que imponen sobre los territorios. Y convocamos a la sociedad a revisar críticamente las formas en que hemos aprendido a convivir con la violencia, a justificarla, e incluso a invisibilizar sus consecuencias.

Aprender la paz implica también desaprender la guerra. La paz no es una consigna ni una promesa aplazada: es una práctica cotidiana que exige reconocer la dignidad de todas las vidas, especialmente de aquellas históricamente descartadas. Invitamos a caminar hacia una paz construida desde el cuidado, la palabra, la escucha y el acompañamiento.

Una paz sin bombardeos, sin reclutamientos y sin silencios cómplices.