✍️ Alexandros

Me enteré de la toma del Palacio de Justicia por el ruido de los tanques transitando por la Carrera 5ª. Estaba almorzando con un amigo en las Torres del Parque. Un almuerzo inconcluso: los hechos nos desbordaron. Viví el 6 y 7 de noviembre con lágrimas, como la mayoría en este país. Y con una profunda sensación de fracaso. Lo que ocurrió no era lo que habíamos conversado.

Escribo esto para las personas jóvenes, que hoy tienen más o menos la edad que yo tenía en aquel entonces. En estos días han aparecido homenajes, reflexiones, películas, pódcast que reviven el horror. En 40 años se han contado muchas versiones de lo sucedido: desde la dirección del M-19 hasta casi todos los actores políticos de la época y los medios de comunicación. El Centro Nacional de Memoria Histórica lo ha documentado, y la Comisión de la Verdad publicó el informe «Las responsabilidades del holocausto». Hoy, los actores relevantes sientan postura en redes sociales.

Mi relato es marginal: una perspectiva lateral, la de un miembro sin peso dentro del M-19. Hacía parte de quienes estudiaban o trabajaban en universidades. De ahí salió parte del origen de esta guerrilla. Veníamos de diversas corrientes de izquierda, atraídos por la audacia y la creatividad del M, pero también cansados del dogmatismo y la división que imperaban en nuestras propias filas.

Nuestro aporte era más teórico y comunicativo. Nos encomendaron escribir un documento sobre la democracia. La idea era clara: el M-19 buscaba cambiar el país ampliando la democracia, como respuesta al robo electoral del 70, su origen. Estudiamos los clásicos del pensamiento político. Entendimos que en Colombia la democracia era apenas una formalidad. El sistema de alternancia entre los partidos tradicionales la volvía excluyente.

Aunque existía un proceso de paz entre el gobierno de Betancur y el M-19, también seguían los combates, las detenciones y los asesinatos. La masacre de la leche nos tocó de cerca: once personas asesinadas por el ejército, con quienes trabajábamos estrechamente. Quinientos uniformados contra once militantes que repartían comida a los hambrientos y estaban indefensos.

Sabíamos que nuestra lucha implicaba riesgos enormes. Creíamos que era justa, y que la vía armada era la única posible ante la violencia e intransigencia del establecimiento. Estábamos de acuerdo con la idea de realizar un juicio simbólico al presidente de la República. Nuestro texto sobre la democracia haría parte de la proclama que se leería en ese acto.

Pero el juicio nunca ocurrió. El M-19 cometió un error de cálculo tremendo, que puso en peligro a cientos de personas. Un error que los líderes sobrevivientes han reconocido y por el cual han pedido perdón. Yo comparto esa responsabilidad.

Hoy sabemos que las fuerzas militares estaban advertidas y preparadas. Lo que se planeó no fue una toma “a sangre y fuego”, sino una acción simbólica. Un juicio. Así como había ocurrido con éxito en la Embajada de la República Dominicana. Pero el ejército, humillado por acciones previas del M, respondió con toda su capacidad destructiva: ametralladoras, tanques, fuego.

Desde entonces, el establecimiento ha insistido —y sigue insistiendo— en que fue una operación financiada por el narcotráfico, con el objetivo de frenar la extradición. Pero hoy sabemos que fue el propio ejército quien incendió los archivos del Palacio, incluidos los expedientes de los narcotraficantes. Sin embargo, parece que existían copias de esos documentos, de manera que la verdad completa al respecto sigue fragmentada. Otro asunto relacionado y sepultado por el relato de la financiación de la toma es que la extrema reacción militar, con la orden de “Al que vean, quiébrenlo”, era una respuesta a las condenas de las Cortes a las fuerzas militares por violar los derechos humanos.

El argumento de la supuesta financiación narco del M se apoya en algunas hipótesis y publicaciones (como las de El Tiempo y Semana), pero los hechos ofrecen un panorama más complejo. Un antecedente clave que vuelve inverosímil esa alianza fue el secuestro de Martha Nieves Ochoa, que motivó la creación del grupo paramilitar MAS (Muerte a Secuestradores), activo desde 1981.

A partir de ahí, el nexo entre narcotráfico, paramilitarismo y sectores del Estado se volvió estructural. Por ejemplo, años más tarde, documentos desclasificados vincularon a la familia Ochoa con el financiamiento de la primera campaña al Senado de Álvaro Uribe, claramente asociado a las cooperativas de seguridad privadas. La legalización de las Convivir marcó un punto de inflexión: los vínculos entre narcos, militares, políticos y empresarios —en especial ganaderos— se formalizaron en los grupos paramilitares. Ellos terminaron como los “ganadores” de la guerra contra las guerrillas. Pero esa guerra fue, en realidad, una guerra contra los campesinos y los sectores populares. Más de 8 millones de hectáreas fueron despojadas, y se multiplicaron las víctimas en todas las dimensiones de la violencia.

El M-19, años después, rompió con la Coordinadora Guerrillera y firmó la paz el 9 de marzo de 1990. Fue un acto de renuncia no solo al recurso a las soluciones armadas, sino que, con el tiempo, hemos descubierto que se trata de renunciar a las diversas formas de violencia. Había tres razones: una evaluación del conflicto, una apuesta por una democracia más profunda y la certeza de que sin aliarse con el narcotráfico era imposible ganar la guerra. Y esa alianza era inaceptable.

Por eso sostengo que la narrativa predominante —que apunta a una alianza entre el M-19 y los narcos— es falsa, aunque hoy en día sea políticamente rentable para estos medios. Sirve para desplazar culpas y victimizar a quienes, en muchos casos, han sido los más golpeados por esa misma alianza narco-paramilitar.

Mirando hacia atrás, es necesario seguir pidiendo perdón por el dolor causado. Combatientes o no, quienes formamos parte del M-19 tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Pero todavía quedan muchos crímenes de Estado sin esclarecer.

Paradójicamente, si nuestro propósito era leerle al país una proclama sobre la necesidad de ampliar la democracia, lo que recibimos fue un “defender la democracia, maestro” con fuego y metralla. Esa respuesta sigue resonando como una señal de que ninguno de los dos caminos —ni el nuestro, ni el del ejército— era el adecuado.

Hoy sé que hacer la paz implica construir confianza y cumplir compromisos desde ambos lados. Pero tampoco se puede confundir la paz con la democracia que tenemos. Profundizarla, organizar al pueblo, defender los derechos en todas sus dimensiones, sigue siendo una tarea pendiente si queremos una paz real.

Después de aquel almuerzo inconcluso, lo que siguió fue la zozobra. Días después, caminé con ese mismo amigo por la Carrera Séptima hasta la Plaza de Bolívar. Frente a las ruinas del Palacio, sentí miedo por la violencia que desatamos. Y reverencia, una inclinación íntima y profunda, por quienes murieron o fueron desaparecidos. Allí entendí que la historia no se escribe con fusiles ni proclamas, sino reivindicando las historias y esperanzas de todas las víctimas que, con independencia de quien haya sido el victimario, aún nos duelen.

✍️ Alexandros

Enlaces relacionados con el texto:
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https://www.youtube.com/watch?v=Wb56QOQxqmM
https://www.youtube.com/watch?v=aHSxsjDOMNc
https://www.pares.com.co/los-generales-que-tienen-las-manos-untadas-de-sangre-por-la-retoma-del-palacio-de-justicia/
https://www.youtube.com/watch?v=R0S6S67kzBo
https://www.comisiondelaverdad.co/el-mas-mito-fundacional-del-paramilitarismo
https://www.dw.com/es/documentos-desclasificados-vinculan-a-uribe-con-narcotr%C3%A1fico/a-43936037
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/despojo-y-memoria-de-la-tierra
https://www.comisiondelaverdad.co/la-masacre-de-la-leche