En memoria de: Anthony Estrada, Cristian Hurtado, Cristian Rodríguez, Julián Mauricio González, Andrés Felipe Rodríguez, Cristian Hernández, Javier Ordóñez, Julieth Ramírez, Lorwan Mendoza, María del Carmen Viuvche, Angie Paola Baquero, Freddy Mahecha, Germán Puentes y Jaider Fonseca.
EnREDados acompañó las jornadas de “conmemoración y protesta” contra la impunidad que sucedieron los pasados 9 y 16 de septiembre. Estuvimos en Bogotá en Villa Luz, Engativá, La Gaitana, Suba, y Ciudad Verde, en Soacha. Nos hicimos presentes, escuchamos y nos solidarizamos con la tristeza de las familias de las víctimas, que estuvieron en estas actividades con gran “dignidad”, aunque esa violencia acabó con su “alegría” y sus vidas “no han vuelto a ser las mismas”. Estas familias estaban presentes haciendo memoria y resistiendo. Dejar atrás la impunidad a los crímenes cometidos por agentes del Estado, violando los derechos humanos, cuya defensa es la única legitimidad de un Estado de derecho, es una condición necesaria para construir una sociedad decente, donde “ninguna familia colombiana ni ninguna madre más tenga que pasar y vivir este doloroso episodio de perder un hijo o una hija, como nos tocó a nosotros, las familias del 9 de septiembre”. EnREDados participó de las actividades artísticas, culturales y de espiritualidad que marcaron estas jornadas. Desde nuestra opción por la noviolencia, animamos los cambios necesarios en las instituciones, para que reconozcan sus crímenes y ganen legitimidad popular; para que nuestra sociedad pueda dejar atrás la desigualdad enorme que la corroe, con la esperanza en que esos cambios vayan concretándose. En lo que sigue del texto, queremos ofrecer contexto a estas jornadas.
El 9 de septiembre de 2020 policías asesinaron al “abogado Javier Ordóñez, en el CAI de Villa Luz, en la ciudad de Bogotá”. Esto generó una fuerte reacción contra la policía, que actuó como “una banda criminal”, “un aparato criminal”, propio de un “Estado criminal” (…) y “acabó con la vida de 14 personas y dejó más de 215 heridos”. Muchas de estas personas “no tenían nada que ver con lo que estaba viviendo en el contexto”. En este “estallido social” fueron, además, destruidos varios de estos centros policiales y otros fueron tomados por la ciudadanía y convertidos luego en bibliotecas y espacios comunitarios. Esto puso de presente una ruptura de los sectores populares con las fuerzas represivas del Estado, un agotamiento de la paciencia frente al tratamiento de la protesta social en términos de guerra y de lucha a muerte contra enemigos, que no son sino las mayorías cansadas del silencio y la represión.
No se trató de la primera confrontación de las nuevas resistencias populares contra la represión policial. Comenzaron en el Paro Nacional iniciado en 2019, como respuesta a las medidas del gobierno Duque que lesionaban los derechos de los sectores populares e incumplían gravemente el Acuerdo de paz entre el Estado y las antiguas FARC-EP. Entre estas hay que destacar la enorme corrupción defendida por el gobierno Duque, los asesinatos en masa cometidos contra menores de edad, campesinos e indígenas, y la propuesta de una reforma tributaria que beneficiaba a los bancos y empobrecía más a los sectores populares.
El contexto en que ocurren estas protestas es la política de respuesta violenta a las demandas de los sectores populares y marginales, especialmente afectados por las décadas de exclusión producidas por el neoliberalismo y, más recientemente, por la crisis asociada a la pandemia del COVID-19. Esta política no resuelve las causas del malestar social, sino que castiga cualquier desviación de lo que decide imponer en sus parámetros de legalidad o disciplina. Así, no solo se castigan el consumo de drogas o las actividades ilegales, sino que se estigmatiza a las comunidades populares, en particular a las personas jóvenes, quienes no encuentran futuro a parte de las formas propias de la exclusión.
En esto consistió la política de paz con legalidad del gobierno Duque, y ha sido el camino seguido de manera férrea por Claudia López, cuya política de seguridad identifica pobreza con criminalidad, modelo seguido por la alcaldía de Soacha de Juan Carlos Saldarriaga. El empobrecimiento, que se incrementó con el confinamiento, generó nuevas formas de rebusque, que fueron reprimidas con militarización.
En este marco, en septiembre 4 de 2020, murieron incineradas 8 personas jóvenes que estaban detenidas en un CAI de Soacha, ante la completa inacción por parte de los policías, cuya función es “cuidar la vida”, no “quitarla”. El concejal Diego Cancino mostró un video en que se ve a un policía quitarle una manguera a una de las madres, que trataba de socorrer a su hijo detenido.
En los diversos casos de violencia policial ha reinado la impunidad, pues las investigaciones se realizan con torpeza, lentitud y negligencia, llegando en muy pocos casos a destituir a los policías directamente implicados, sin afectar a la política represiva ni a la cadena de mando, aunque los agentes hayan actuado bajo “una orden sistemática”. Por eso, los gobernantes no han asumido su papel como responsables últimos del actuar policial, sino que han acusado a las víctimas, o de ser bandas armadas encaminadas a destruir el Estado, o de pertenecer a fuerzas que buscan desprestigiar al gobierno. Las jornadas de estos fines de semana recientes se han expresado contra la impunidad, exigiendo que “las instituciones se hagan responsables” y las altas autoridades de las ciudades y el país “paguen por lo que hicieron”, porque “estas cosas no pueden seguir quedando en la impunidad.”
Los sectores populares han venido resistiendo a la represión y la violencia policial desde la movilización y las manifestaciones artísticas. Pero el atroz asesinato de Javier Ordoñez desató respuestas de violencia directa espontánea contra los policías y los CAI en los sectores más marcados por años de represión y estigmatización de las poblaciones marginales, en particular, de las personas jóvenes.
La juventud popular emergió en esta crisis como un actor social y político, diferente a los actores tradicionales de las protestas -sindicatos, campesinos o estudiantes de las universidades públicas. La exclusión social, el difícil acceso a la educación superior de calidad, la precarización del trabajo que se ofrece a las juventudes, mostraron su “justa rabia” en este estallido contra la violencia policial, pues “nos siguen matando”. Se trata de juventudes diversas, con identidades territoriales y barriales, y expresiones artísticas propias como el hip-hop y el rock, que manifiestan una cultura popular consciente de sí misma y contrahegemónica.
El carácter marginal de las familias de las víctimas de la violencia policial muestra la importancia de medios de comunicación populares. Las protestas del Paro Nacional y del Estallido social fueron ampliamente documentadas y transmitidas por redes sociales, las cuales, sin embargo, también fueron manipuladas para transmitir mentiras y generar zozobra, tratando de reforzar la idea de que estábamos ante una revolución dirigida desde el exterior. Los medios populares estamos llamados a ofrecer lecturas críticas de los hechos, dando voz a las víctimas. Así, contribuimos a expresar las tristezas y también las esperanzas de quienes no tienen nada y nunca han tenido voz en la narrativa de la gran prensa, y de quienes ya “no tienen voz” porque han sido silenciados con balas de las fuerzas que juraron defenderlos, pero los consideran sus “enemigos”.
Las conmemoraciones populares en Villa Luz y La Gaitana en Bogotá, y Ciudad Verde en Soacha, constituyen espacios de organización popular en torno a la memoria de las vidas de esas personas que fueron víctimas de la violencia estatal. Su núcleo es la exigencia de reforma de la policía, proponiendo “otro significado de seguridad”, uno que permita construir confianza entre la ciudadanía popular y una nueva fuerza de orden civil. Así, se trata de nuevas raíces que unen las sabidurías ancestrales, los clamores de las personas mayores y la indignación juvenil en la reivindicación del derecho a la vida, al buen vivir y a la justicia. “Ser joven” de un sector popular “no es delito”. “La vida es más sagrada que cualquier institución”. Estos clamores son raíces de esperanza en medio del dolor y el llanto ante lo injustificable de estos asesinatos.
Con Información de:
Entrevistas a familiares de la víctimas.
“EN COLOMBIA NOS VOLVIMOS CIFRAS”: Una aproximación al informe de esclarecimiento de los hechos ocurridos el 9,10 y 11 de septiembre de 2020 en Bogotá y Soacha. Revista Cien Días – Cinep
INFORME FINAL: Para el esclarecimiento de los hechos ocurridos los días 9 y 10 de septiembre de 2020. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
REPORTE DE HECHOS DE VIOLENCIA POLICIAL. Temblores ONG
EnREDados COL 
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